

Desde hace muchos años, el negocio de la recolección de residuos en cualquier ciudad ha sido eje de numerosas controversias, polémicas, escándalos y negocios poco claros.
Más allá de su fétido olor, algo es claro: se trata de una actividad que deja ganancias considerables si es bien explotada. Años atrás, la empresa del platense Venturino (Transportes Venturino Hermanos) era «líder» en cualquier municipio y claro ejemplo de cómo explotar ese rubro. La «subsidiaria», dicen, era «Transportes Olivos». Entre ambas se repartían casi todas las licitaciones de la recolección domiciliaria, fuese en Avellaneda, La Plata, Quilmes, Berazategui o Lanús.
Lo que no está muy claro que digamos es cómo es «el negocio» basurero en Varela, pero es evidente que esa explotación genera buenos dividendos para el o los concesionarios de la recolección.
En 1991, quien estaba a cargo de esa área, simultáneamente era el dueño de una pequeña «empresita» denominada «El Futuro», con domicilio en el vecino Berazategui, que apenas poseía 7 camiones para recolectar la basura y era manejada por José Antonio Di Cola.
Actualmente, Di Cola es uno de los principales proveedores (por el monto que implica su servicio) del municipio a través de una UTE (Unión Transitoria de Empresas) que está constituida por él mismo, su hijo Rubén Darío y su mujer, Nélida Esther Golpe. Es la misma empresa que desde 2003 (licitación Nº 2) hasta ahora siempre resulta adjudicada y beneficiada.
Debe tenerse en cuenta que en 2008 para esa actividad la comuna destinó una erogación de $ 9 millones y que para este 2009 son casi $20 millones, sumas nada desdeñables para cualquiera.
Es, se dice, la única UTE integrada por personas físicas que se conoce en el país y además sea proveedora del Estado.
CONCURSADOS
Lo que sorprende, según surge de fuentes judiciales, además es que los 3 miembros de esa UTE estarían concursados. Dicha información surge de la página Web de la Suprema Corte de Bueno Aires o simplemente con buscar los autos correspondientes tramitados ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 5 de dicha jurisdicción. Los 3 concursos se agruparon, por orden del juez interviniente y que anexó que «desde el 15 de setiembre de 2006» los 3 familiares integran el 100% de la UTE, pues antes de esa fecha la firma estaba conformada «por 6 miembros más».
Para algunos –menos para el HCD local, por ejemplo, que «nunca ve nada»- es una irregularidad que los miembros de esa UTE estén concursados y ello no cumpliría requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del respectivo contrato, por lo que podría ser extinguido sin problemas.
INTERROGANTES
¿Es factible que un proveedor comunal esté inhabilitado para recibir pagos por tener sus cuentas embargadas?. ¿Si los 3 integrantes de la UTE no pueden depositar cheques en sus cuentas, cómo y de qué manera les paga el municipio?. ¿Investigarán alguna vez esto los ediles?
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